Derechos humanos: la llaga del gobierno mexicano.

Por Issis Juàrez

Los derechos humanos son todas esas prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, por lo que la violación de ellos representa una violación a la misma dignidad.

La violación a los derechos humanos en nuestro país ya no es un secreto a voces, pues en años recientes se han conocido un sinnúmero de casos en donde el uso de la tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y encarcelación injusta, por mencionar algunos, son métodos constantes en nuestro país. Y lo más grave, el gobierno, ese con el que los ciudadanos hacen un pacto social por la seguridad de los individuos, se ha involucrado y muchas veces resulta el verdugo de estos derechos.

Desde las épocas hegemónicas hasta nuestros días, los casos de impunidad hacia la violación de estos derechos han ido en aumento y sobre todo, han sido generalizados; al menos ese fue el reporte de tres organismos que han visitado nuestro país durante este año: el Comité contra la Desaparición Forzada, el Relator Especial sobre Tortura, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y los comentarios de estos organismos son precisamente la llaga abierta del gobierno mexicano, el cual habia manifestado que son falsas tales afirmaciones sobre la constante y generalizada violación a los derechos establecidos en la declaración universal de los derechos humanos.

A más de 1 año de la desaparición forzada de los 43 normalistas, las “verdades históricas” han pasado a ser “verdades a medias”, pues tras el peritaje realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes se conoció que había muchas interrogantes en la “verdad histórica” que dio a conocer en su momento el Procurador General de la República, Jesús Murrillo Karam.

Entre las irregularidades de la investigación realizada por el gobierno mexicano, se dio a conocer que, en primer lugar, los jóvenes desaparecidos no pudieron ser quemados en el basurero de Cocula dadas las condiciones climatológicas de aquella noche, además de los recursos que se debieron utilizar para llevar a cabo la incineración de los cuerpos.

Y lo más grave, se habló de la existencia de un quinto autobús que se presume transportaba droga al momento del ataque. Y quizá éste, sea el elemento de mayor relevancia, al que muy pocos han puesto atención. Después de esa afirmación, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, Roberto Campa Cifràn, dijo que la PGR sí sabía de la existencia del quinto autobús, pero dada la delicadeza del tema se decidió no darse a conocer tal información. Es por ello que la “verdad histórica” más bien resulta una “verdad parcial o a medias”. Y pregunto yo, ¿acaso los ciudadanos no debemos conocer los resultados completos de las investigaciones, muy a pesar del dolo con el que fue cometido el delito?

Tras la visita del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, las tensiones por parte de gobierno federal sobre el tema de violación a los mismos, se hicieron más graves. Y en la rueda de prensa final, los datos y las peticiones no fueron las de la carta a los reyes magos. El dato más alarmante fue que 98% de los casos de violación a los derechos humanos en este país, siguen impunes. 

Además, el aval del alto comisionado sobre el informe presentado por el GIEI, puso a los asesores de EPN a escribir nuevos discursos que homologaran las palabras del funcionario internacional con las del mandatario nacional, pues anteriormente el gobierno federal ponía en tela de juicio dicho informe, del que cabe destacar la aprobación completa de los padres de los 43 normalistas. No cabe duda que las declaraciones de Zaid Ra’ad Al Hussein calaron en el ejecutivo nacional, además del Secretario de Gobernación y la Procuradora General de la República.

Otro de los temas que se abordaron fue el caso Tlatlaya, en donde miembros de ejército mexicano se vieron involucrados en el asesinato de 22 personas vinculadas, presuntamente, con narcotráfico. El uso del ejército para combatir el crimen organizado fue un error garrafal, pues no solamente se llevó a las calles  una de las instituciones más valoradas del país, cuya fama costo años de duro trabajo para re prestigiarse tras la matanza del 2 de Octubre de 1968; además, se les envió a las calles sin un respaldo jurídico más allá de los castigos que se llevan hacia dentro de la institución con una reglamentación propia y penas ejecutadas por la policía militar.

En entrevistas recientes al Secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, dijo abiertamente que el ejército no se sometería al escrutinio internacional pues únicamente responde a instancias estatales y nacionales. Y es verdad, el problema es que se presume haber atentado contra derechos humanos, los cuales se encuentran avalados a nivel mundial, y aunque el servicio del ejército mexicano sea única y exclusivamente para salvaguardar la seguridad y soberanía nacional, la violación a tales derechos los pone en la mira del escrutinio mundial.

Cabe destacar que la Procuradora General de Justicia, Arely Gómez Gonzales, anuncio un tercer peritaje (otro más), para continuar las investigaciones sobre los 43 normalistas. También notificó ante el Senado la creación de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Así como lo dibuja la Procuradora, parece más bien un brazo izquierdo de la Alerta Amber, que buscará a personas mayores de edad, pues tal como lo plantea pareciera que se seguirá dejando al aire la búsqueda de personas DESAPARECIDAS POR LA FUERZA, pues por el simple hecho de no contener una palabra, el sentido y objetivo de esa fiscalía resulta obtuso.

Aunque el artículo 215-C del Código Penal Federal manifiesta que “Comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una persona, la mantenga oculta bajo cualquier forma de detención o encerramiento, niegue reconocer dicha privación de la libertad o no dé razón cierta y precisa de su paradero, restringiendo con ello el ejercicio de los recursos legales y de las garantías legales pertinentes.” Lo cierto es que la necesidad de una Ley para personas desaparecidas, y en especial aquellas en donde las figuras del Estado se ven involucradas, es más que necesaria, la impunidad de muchos delitos merece la atención de todas y cada una de las autoridades de nuestro país.

Finalmente, los organismos internacionales que en el último año han visitado nuestro país vinieron a percatarse de una situación cotidiana, y no por ello aceptable por la sociedad, y al final, “la verdad histórica” de más de una historia digna de novela de terror, terminó por convertirse en “LA VERDAD INCÓMODA” de un gobierno que carece de 2 cosas fundamentales ante la sociedad: credibilidad y sensibilidad.